Crisis de los pellets: asegurar la cadena logística

El pasado 8 de diciembre, el buque Toconao, con bandera de Liberia, perdió seis contenedores de mercancías frente a las costas de Portugal, a 40 millas náuticas de Viana do Castelo. Entre la carga se encontraban miles de kilos de pellets, pequeñas bolitas de plástico que se utilizan para fabricar otros productos.

El accidente fue comunicado por el barco a los centros de salvamento marítimo de España y Portugal, así como a la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Pero no fue hasta el 13 de diciembre cuando se detectaron los primeros indicios del vertido en las playas gallegas. Desde entonces, el vertido se ha extendido por las costas de Galicia, Asturias y Cantabria, afectando a más de 70 playas y provocando una grave amenaza para el medio ambiente y la salud pública.

No es un caso aislado. El 10 de enero de 1992, por ejemplo, un buque portacontenedores que navegaba de Hong Kong a Washington, perdió 12 contenedores con 28.000 patos de goma y otros juguetes. Después de permanecer a flote en los océanos durante varios años, algunos de ellos emergieron a la superficie en Sitka, Alaska, seguidos por muchos más que llegaron a las costas de Japón y luego nuevamente en Alaska. Muchos se encontraron en las playas de Indonesia, Australia, Nueva Zelanda y América del Sur. Curiosamente, todavía se siguen descubriendo en partes distantes del mundo.

Cabe preguntarse quiénes son los responsables del vertido y qué consecuencias legales puede tener. Es evidente que el buque Toconao es el causante directo del daño ambiental. Según el abogado de los armadores del barco, estos reconocieron los hechos el 20 de diciembre y se pusieron a disposición para el pago de los costes de limpieza. Sin embargo, esto no exime al buque de posibles responsabilidades civiles o penales por los perjuicios causados a terceros.

En segundo lugar, es posible que existan otros responsables indirectos o subsidiarios del vertido, como la empresa propietaria o fabricante de los pellets, la empresa transportista o aseguradora del buque, o las autoridades competentes en materia de salvamento marítimo y protección ambiental. Estos agentes podrían haber incurrido en negligencia, imprudencia o incumplimiento de sus obligaciones legales al no haber adoptado las medidas adecuadas para prevenir, controlar o mitigar el impacto del vertido.

En tercer lugar, es necesario determinar el alcance y la cuantía de la indemnización que corresponde a los afectados por el vertido. Entre ellos se encuentran los pescadores, mariscadores, hosteleros y demás profesionales que han visto mermados sus ingresos por la contaminación de las aguas y las playas; los ayuntamientos y comunidades autónomas que han tenido que movilizar recursos humanos y materiales para limpiar el litoral; y los ciudadanos que han sufrido daños en su salud o en su calidad de vida por la exposición a los pellets.

Para ello, habría que valorar tanto los daños materiales como los daños morales o ecológicos derivados del vertido. Además, habría que tener en cuenta los posibles efectos a largo plazo del plástico en el ecosistema marino y en la cadena alimentaria. Según algunos expertos, los pellets pueden liberar sustancias tóxicas o ser ingeridos por animales marinos, lo que supone un riesgo para la biodiversidad y la salud humana.

Pólizas para cubrir los daños

En este contexto, es importante analizar qué tipo de pólizas podrían cubrir este evento y la necesidad de contratar seguros adecuados. Por un lado, el buque Toconao debería contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil por contaminación marina (CLC), que cubre los daños causados por hidrocarburos u otras sustancias nocivas transportadas como carga. Sin embargo, este seguro tiene unos límites máximos establecidos por convenios internacionales y puede no ser suficiente para indemnizar a todos los afectados.

Por otro lado, tanto el buque como la empresa propietaria o fabricante de los pellets podrían tener contratado un seguro voluntario de responsabilidad civil por contaminación accidental (P&I), que cubre los daños causados por cualquier tipo de contaminación que no esté incluida en el seguro obligatorio. Este seguro tiene una cobertura más amplia y flexible, pero también depende de las condiciones pactadas entre las partes.

Por último, los afectados por el vertido podrían tener contratado un seguro de daños propios o de pérdida de beneficios, que les indemniza por los perjuicios sufridos en sus bienes o actividades como consecuencia de un siniestro. Este seguro puede ser de carácter general o específico para el sector pesquero, turístico o ambiental. No obstante, este seguro no exime al responsable del vertido de su obligación de reparar el daño causado.

En conclusión, el vertido de pellets en el mar es un caso complejo que plantea numerosos retos jurídicos y ambientales. Es necesario que se aclaren las responsabilidades de los implicados y se reparen los daños causados a las víctimas. Asimismo, es imprescindible que se adopten medidas preventivas y correctivas para evitar que se repitan este tipo de incidentes en el futuro.

El caso de los pellets nos recuerda una vez más la necesidad de contratar un seguro por parte de todos los actores de la cadena logística. Como profesionales del sector asegurador, debemos estar atentos a estos acontecimientos y ofrecer soluciones eficaces y sostenibles a nuestros clientes.

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